35% de narcotraficantes querarían libres si se elimina prisión preventiva
Seis de cada 10 reos en cárceles federales pertenecen a los cárteles más peligrosos del país, principalmente a Los Zetas, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa. De ellos, más de 4 mil no han sido condenados y podrían quedar en libertad si se declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa.
Según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), hasta marzo de este año había 20 mil 628 personas confinadas en los penales administrados por el gobierno federal.
Del total, 11 mil 823 son integrantes de la delincuencia organizada y 8 mil 805 no tienen vínculos con dichas organizaciones. En otras palabras, 57 de cada 100 internos forman parte del narco.
Las cifras del OADPRS, dejan ver que 29% de todos los internos en penales federales no han sido sentenciados. En el caso de los ligados al narcotráfico y la delincuencia organizada, la proporción sube a 35%
En números absolutos, son 6 mil 41 presos sin sentencia en cárceles federales, de los que 4 mil 170 pertenecen a algún cártel. Esto sólo en las prisiones que administra la Federación.
La Suprema Corte está próxima a resolver la desaparición de la prisión preventiva oficiosa del sistema de justicia penal, luego de que en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano eliminarla por ser contraria a las garantías internacionales.
Esto no implicaría en lo inmediato una desbandada de las cárceles, pero sí permitiría a los abogados solicitar a los jueces que revisen la medida cautelar impuesta a sus clientes y la sustituyan por otras para que lleven su juicio en libertad.
El argumento para justificar una medida cautelar así es que evita que el acusado se dé a la fuga mientras transcurre el juicio o tome represalias contra víctimas, testigos e incluso los jueces que analizan el caso.
Quienes se oponen a que siga esta figura procesal sostienen que viola la presunción de inocencia al encarcelar a personas que legalmente no son culpables, a pesar de que afecta principalmente a los más pobres que no tienen dinero para pagar por una buena defensa y llegan a pasar incluso años en prisión sin recibir sentencia.
Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado repetidamente que la prisión preventiva oficiosa en México viola el principio de presunción de inocencia y que sólo debe ser usada en casos excepcionales, todos los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México solicitaron a la SCJN no declarar inconstitucional tal medida cautelar.
Sin distingo de partido político, los mandatarios se unificaron para presentar un recurso de Amicus Curiae (Amigos de la Corte) para advertir a los ministros que una decisión así “impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país”.
El presidente López Obrador ha sido un férreo defensor de mantener la prisión preventiva como un instrumento para combatir la delincuencia y ha pedido al máximo tribunal del país que “entre en razón y no apruebe ese cambio porque va a significar impunidad”.
El 16 de abril, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió que la eliminación de la prisión preventiva significaría la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes de los ámbitos federal y estatal.
El ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien siempre se había pronunciado en contra de la prisión preventiva oficiosa, aceptó el martes 21 de mayo en el programa de radio del periodista Ciro Gómez Leyva que no puede quitarse ipso facto mientras no exista un sistema de medidas cautelares para vigilar a las personas bajo proceso.
